Seguridad plena para vivir bien y con justicia

1.Barrios seguros y presencia real del Estado

Resumen

La migaja
La inseguridad se vive en la calle y en el barrio, pero el Estado responde tarde, mal y desde lejos. Policías desbordados, serenazgos descoordinados y denuncias que se vuelven una carrera de obstáculos.

Objetivo
Construir una seguridad cercana, preventiva y territorial, donde el Estado esté presente antes de que ocurra el delito.

Cómo se logra

• Ley de sistemas integrados de seguridad urbana (policía + serenazgo + cámaras + radios).
• Marco legal para policía de proximidad, con asignación territorial clara.
• Habilitar denuncias y trámites básicos en calle mediante dispositivos móviles.
• Presupuesto con criterios objetivos de distribución territorial de efectivos.

Descripción profunda de la propuesta

La inseguridad no se vive en abstracto ni en grandes titulares: se vive en el barrio, en la cuadra, en el camino al trabajo, al colegio o al mercado. Hoy, muchas personas sienten que el Estado aparece solo después del delito —si aparece— y que la policía, el serenazgo y los sistemas de vigilancia funcionan de manera fragmentada, sin coordinación ni continuidad territorial. Denunciar implica perder tiempo, exponerse a malos tratos y, muchas veces, no obtener ninguna respuesta efectiva. Esa ausencia cotidiana del Estado termina normalizando el delito y debilitando la confianza ciudadana.

Esta propuesta plantea un cambio profundo en la forma de entender la seguridad: pasar de un enfoque reactivo y centralizado a uno de seguridad de proximidad, donde el Estado esté presente de manera constante en los barrios. Esto implica policías asignados de forma estable a zonas específicas, que conozcan a la comunidad y sus dinámicas; serenazgos que ya no operen aislados por distrito, sino conectados entre sí; y sistemas de cámaras, radios y centros de monitoreo que compartan información en tiempo real. La seguridad deja de depender del azar y se convierte en una política pública territorial.

En la vida diaria, esta propuesta se traduce en calles más vigiladas, tiempos de respuesta más rápidos ante emergencias, mayor prevención del delito y la posibilidad de realizar denuncias y trámites básicos sin tener que ir a una comisaría. También reduce el subregistro del delito y devuelve a las personas la sensación de que el Estado está presente antes, durante y después de los problemas, no solo cuando ya es demasiado tarde.

Objetivo normativo

Establecer un modelo nacional de seguridad urbana de proximidad, preventivo, territorial e integrado, que garantice presencia real y permanente del Estado en los barrios, priorizando la protección efectiva de las personas en su vida cotidiana.

Lo que merecemos – instrumentos legislativos

1.Proyecto de Ley del Sistema Integrado de Seguridad Urbana

Crea un marco nacional obligatorio para la integración operativa entre la Policía Nacional, los servicios de serenazgo, los sistemas de videovigilancia, las radios y los centros de monitoreo. Establece estándares mínimos de interoperabilidad, protocolos comunes de actuación y uso compartido de información en tiempo real, evitando la fragmentación actual entre distritos y entidades.

2.Proyecto de Ley de Policía de Proximidad y Asignación Territorial

Establece la asignación territorial obligatoria de efectivos policiales a zonas específicas, con permanencia mínima, conocimiento del entorno comunitario y evaluación basada en resultados preventivos, no solo en número de intervenciones. Busca que la policía sea reconocible, cercana y parte activa del barrio.

3.Proyecto de Ley de Atención, Denuncia y Trámites en Campo

Autoriza y regula el uso de dispositivos móviles oficiales (tablets o celulares institucionales) para que policías puedan recibir denuncias, realizar constataciones y gestionar trámites básicos directamente en el territorio, reduciendo barreras de acceso y evitando la revictimización de las personas.

4.Proyecto de Resolución Legislativa para la Comisión Especial de Seguridad Urbana Metropolitana

Crea una comisión especial del Congreso enfocada en seguridad urbana, con énfasis en Lima y Callao, encargada de dar seguimiento permanente a políticas de prevención, ejecución presupuestal y resultados territoriales.

Fiscalización y control político

• Citaciones periódicas al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a autoridades municipales para evaluar resultados territoriales concretos.
• Seguimiento de la ejecución presupuestal en seguridad por distrito y por programa.
• Exigencia de informes públicos semestrales con indicadores claros de presencia policial, tiempos de respuesta y percepción de seguridad.

2.Servicios básicos sin abusos ni estafas

Resumen

La migaja
Personas que pagan servicios que no reciben, hospitales sin equipos, medicinas sobrevaloradas y empresas que no asumen responsabilidades.

Objetivo
Proteger la vida y el bolsillo de las personas frente a abusos en salud, agua, luz e internet.

Cómo se logra

• Ley de descuentos automáticos por interrupciones de servicios.
• Ampliación obligatoria del petitorio de medicamentos cubiertos.
• Fortalecer sanciones por sobrecostos, negligencia y colusión.
• Control político permanente a organismos reguladores.

Descripción profunda de la propuesta

En el Perú, acceder a servicios básicos y a la salud se ha convertido en una experiencia marcada por la desigualdad y el abuso. Millones de personas pagan por servicios que se interrumpen constantemente —agua, luz, internet— y cuando reclaman se enfrentan a trámites interminables, respuestas automáticas o simplemente al silencio. En la práctica, el sistema está diseñado para proteger a las empresas y no a las personas. Esta asimetría se vuelve aún más grave en el ámbito de la salud, donde los errores, sobrecostos o demoras no solo afectan el bolsillo, sino que ponen en riesgo la vida.

Las aseguradoras, tanto públicas como privadas, suelen negar coberturas de manera arbitraria, especialmente en casos de cáncer, enfermedades raras, tratamientos de alto costo o enfermedades crónicas, obligando a las familias a endeudarse, judicializar su atención o abandonar tratamientos. A esto se suma un sistema hospitalario con compras sobrevaloradas, equipos que no funcionan y una débil rendición de cuentas. La consecuencia cotidiana es angustia permanente: no saber si te van a atender, si te van a cubrir un tratamiento o si vas a pagar por un servicio que no recibiste.

Esta propuesta cambia la lógica de fondo: la protección debe ser automática y preventiva, no un privilegio para quien puede reclamar mejor. En la vida diaria, significa que si se corta el servicio, el descuento se aplica sin trámites; que las aseguradoras no pueden excluirte por el tipo de enfermedad que tienes; que los medicamentos esenciales están garantizados; y que los abusos y negligencias finalmente tienen consecuencias reales. El Estado deja de mirar desde la tribuna y se pone del lado de las personas.

Objetivo normativo

Garantizar el derecho efectivo a servicios básicos y de salud dignos, corrigiendo la asimetría entre usuarios, empresas y aseguradoras, y asegurando protección automática, cobertura justa y sanciones reales frente a abusos y negligencias.

Lo que merecemos – instrumentos legislativos

1.Proyecto de Ley de Descuentos Automáticos por Interrupción de Servicios Básicos

Obliga a las empresas de agua, electricidad, telecomunicaciones e internet a aplicar descuentos automáticos y proporcionales en la facturación cuando el servicio se interrumpa o no cumpla con los estándares contratados, sin necesidad de que el usuario presente un reclamo. Elimina la carga burocrática sobre las personas y traslada la responsabilidad al proveedor.

2.Proyecto de Ley de Garantías de Cobertura en Salud y Seguros

Prohíbe expresamente la exclusión arbitraria de coberturas en casos de cáncer, enfermedades raras, enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo. Establece criterios claros de obligatoriedad de cobertura y sanciones severas para aseguradoras que nieguen atención sin sustento médico o legal.

3.Proyecto de Ley de Ampliación y Actualización Obligatoria del Petitorio Nacional de Medicamentos

Amplía la lista de medicamentos esenciales que el Estado y las aseguradoras deben garantizar, con un mecanismo de actualización periódica basado en evidencia científica, prevalencia de enfermedades y necesidades reales de la población, asegurando financiamiento sostenible.

4.Proyecto de Ley de Responsabilidad por Sobrecostos, Negligencia y Colusión en Salud

Establece responsabilidades administrativas y penales para funcionarios, proveedores y directivos involucrados en sobrecostos, compras irregulares, negligencia médica grave o desabastecimiento injustificado de insumos y equipos de salud.

5.Proyecto de Resolución Legislativa para el Observatorio Parlamentario de Servicios Básicos y Salud

Crea un órgano de seguimiento permanente desde el Congreso para monitorear la calidad de los servicios básicos, la actuación de las aseguradoras, la ejecución presupuestal en salud y el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales.

Fiscalización y control político

• Comparecencias periódicas de organismos reguladores (OSIPTEL, SUNASS, OSINERGMIN), del MINSA y de las principales aseguradoras.
• Auditorías públicas a compras hospitalarias, contratos de servicios y procesos de cobertura.
• Publicación anual de rankings de empresas y aseguradoras con mayores sanciones, interrupciones y reclamos, para información directa de la ciudadanía.

3.Igualdad ante la ley y protección frente a la discriminación

Resumen

La migaja
Millones viven con derechos incompletos por su identidad, orientación, lengua o condición. La ley no protege a todos por igual.

Objetivo
Garantizar igualdad real ante la ley y protección efectiva frente a la discriminación.

Cómo se logra

• Matrimonio igualitario y ley de identidad de género.
• Fortalecer sanciones antidiscriminación.
• Inclusión de población LGTBIQ+ en censos oficiales.
• Incentivos a empresas que promuevan inclusión laboral.

Descripción profunda de la propuesta

En el Perú, la igualdad ante la ley sigue siendo parcial. Para muchas personas —en especial personas LGTBIQ+, afroperuanas, personas con discapacidad y otros grupos históricamente discriminados— los derechos existen en el papel, pero no en la vida diaria. La discriminación aparece al buscar trabajo, al acceder a servicios públicos y privados, al intentar formar una familia, al acudir a una comisaría o a un hospital. Muchas veces no hay sanción, no hay reparación y ni siquiera hay datos que permitan dimensionar el problema, porque el Estado no registra ni reconoce plenamente estas realidades.

Esta propuesta parte de una idea simple pero poderosa: la ley debe proteger a todas las personas por igual, sin excepciones ni ambigüedades. No se trata solo de reconocer derechos, sino de garantizar que existan mecanismos efectivos para ejercerlos y defenderlos. En la práctica, esto implica actualizar el marco legal para que ninguna persona sea excluida por su orientación sexual, identidad de género, origen étnico o condición de discapacidad, y para que la discriminación deje de ser una experiencia cotidiana tolerada por el sistema.

En la vida diaria, esta propuesta significa poder formar una familia con plenos derechos, acceder a un empleo sin ser discriminado, recibir atención médica sin maltrato, comunicarse en la propia lengua cuando corresponde y contar con sanciones reales cuando alguien vulnera tus derechos. También significa que el Estado empiece a diseñar políticas públicas con información real, reconociendo a todas las personas que hoy permanecen invisibilizadas en estadísticas y decisiones.

Objetivo normativo

Garantizar igualdad sustantiva ante la ley y protección efectiva frente a toda forma de discriminación, asegurando reconocimiento legal, mecanismos de defensa accesibles y políticas públicas basadas en evidencia.

Lo que merecemos – instrumentos legislativos

1.Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario

Reconoce el derecho de todas las parejas a contraer matrimonio civil, con los mismos efectos legales en materia de herencia, seguridad social, salud, filiación y derechos familiares, eliminando una discriminación legal que hoy persiste.

2.Proyecto de Ley de Identidad de Género

Permite el reconocimiento legal de la identidad de género mediante un trámite administrativo simple, sin judicialización ni exigencias médicas o psiquiátricas, garantizando dignidad, privacidad y seguridad jurídica.

3.Proyecto de Ley de Reforma Integral de la Ley Antidiscriminación

Actualiza y fortalece la normativa vigente incorporando de manera explícita la protección de personas LGTBIQ+, afroperuanas, personas con discapacidad y otros grupos históricamente discriminados. Refuerza sanciones, amplía supuestos de discriminación y mejora los mecanismos de denuncia y reparación.

4.Proyecto de Ley de Inclusión de Poblaciones Discriminadas en Censos y Estadísticas Oficiales

Obliga al Estado a recolectar información desagregada y respetuosa sobre orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica y discapacidad, con el fin de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y no en supuestos.

5.Proyecto de Ley de Incentivos a Empresas Inclusivas y Libres de Discriminación

Establece beneficios e incentivos para empresas que implementen políticas activas de inclusión laboral, accesibilidad y no discriminación, promoviendo cambios estructurales en el mercado de trabajo.

Fiscalización y control político

• Seguimiento periódico a denuncias, sanciones y resoluciones en materia de discriminación.
• Control al INEI y a los ministerios competentes sobre la implementación de estadísticas inclusivas.
• Informes públicos anuales sobre avances en igualdad y no discriminación, con indicadores claros y comparables.

4.Seguridad para estudiar y desarrollarse

Resumen

La migaja
Educación cada vez más cara, insegura y desigual. Familias endeudadas y estudiantes sin garantías mínimas.

Objetivo
Asegurar que estudiar sea una experiencia segura, accesible y de calidad.

Cómo se logra

• Regulación de alzas interanuales abusivas en educación privada.
• Estándares mínimos obligatorios de calidad.
• Acceso a deporte, arte y acompañamiento psicológico.
• Garantías de accesibilidad para personas con discapacidad.

Descripción profunda de la propuesta

En el Perú, estudiar no garantiza desarrollarse. Las brechas educativas no solo están en el acceso o en el costo, sino en las condiciones físicas y humanas en las que se aprende. Miles de colegios públicos tienen aulas deterioradas, servicios básicos insuficientes, infraestructura insegura y ausencia de espacios para el deporte, el arte o la recreación. En paralelo, la calidad de la educación varía drásticamente según el distrito, reproduciendo desigualdades que acompañan a los estudiantes durante toda su vida. Estudiar en un distrito u otro no debería definir el futuro de una persona.

A esto se suma la incertidumbre económica y emocional de las familias y estudiantes. En la educación privada, las pensiones pueden subir sin criterios claros; en la pública, el abandono institucional deja a estudiantes sin acompañamiento psicológico, sin espacios de contención y sin apoyo frente a situaciones de violencia, estrés o problemas de salud mental. Además, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras físicas y pedagógicas que limitan su derecho a una educación plena.

Esta propuesta entiende el espacio educativo como un entorno integral de desarrollo, no solo como un lugar donde se transmiten contenidos. Garantiza condiciones físicas seguras, estándares mínimos de calidad tanto en lo público como en lo privado, reglas claras frente a abusos económicos y acceso a acompañamiento emocional, deporte y arte. En la vida diaria, significa que estudiar deje de ser una experiencia precaria o desigual y se convierta en un proceso protegido, digno y con oportunidades reales, sin importar el distrito donde se viva.

Objetivo normativo

Garantizar una educación segura, digna, inclusiva y de calidad, asegurando condiciones físicas adecuadas, reduciendo brechas territoriales y protegiendo a estudiantes y familias frente a abusos y abandono institucional.

Lo que merecemos – instrumentos legislativos

1.Proyecto de Ley de Estándares Mínimos de Infraestructura Educativa

Establece condiciones obligatorias de seguridad estructural, acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad), ventilación adecuada, espacios recreativos y ambientes para deporte y arte en todos los centros educativos públicos y privados. Busca que ningún estudiante aprenda en condiciones que pongan en riesgo su salud o su integridad.

2.Proyecto de Ley de Regulación de Alzas Interanuales en Educación Privada

Define criterios objetivos, transparentes y límites razonables para el incremento de pensiones y cuotas, evitando alzas abusivas y garantizando previsibilidad económica para las familias, sin afectar la sostenibilidad de las instituciones educativas.

3.Proyecto de Ley de Bienestar y Acompañamiento Integral Estudiantil

Garantiza el acceso a servicios de apoyo psicológico, orientación, deporte y actividades culturales como parte del proceso educativo, reconociendo que el desarrollo emocional, físico y social es tan importante como el académico.

4.Proyecto de Ley de Accesibilidad Educativa Universal

Elimina barreras físicas, comunicacionales y pedagógicas para personas con discapacidad, asegurando infraestructura accesible, materiales adecuados y apoyos razonables en todos los niveles educativos.

Fiscalización y control político

• Control permanente al Ministerio de Educación, SUNEDU y gobiernos regionales sobre el cumplimiento de estándares de infraestructura y calidad.
• Publicación anual de indicadores comparables de condiciones educativas por distrito, tipo de institución y nivel educativo.
• Seguimiento presupuestal específico a inversión en infraestructura educativa, bienestar estudiantil y accesibilidad.